Por muy enérgica que sea la reacción pública de la CNMV, ni siquiera el regulador ha puesto sanciones por esos fallos en la comunicación que dice detectar. En los últimos dos años ha abierto nueve expedientes (cinco en 2017 y cuatro en 2018) por incumplimientos en la información que las empresas tienen que divulgar al mercado (dentro de ella está la comunicación sobre procesos por corrupción que les afecten) y no ha concluido ninguno de esos procesos ni ha puesto sanciones.
¿Es una preocupación real en las corporaciones? Preguntada, la CEOE remite a la Asociación Española de Compliance para más información sobre estas cuestiones. Tampoco las Cámaras de Comercio se manifiestan. Y la Asociación Española de Banca elude analizar si el sector está dando una imagen negativa por no haber evitado conductas, como mínimo, inapropiadas y se limitan a recordar que en los últimos años “se han producido importantes cambios regulatorios en los bancos con un doble objetivo: protección al consumidor y estabilidad financiera”.
Esta tampoco parece ser una de las principales inquietudes sociales. Solo el 2,4% de los encuestados en el último barómetro del CIS declaran verse afectados directamente por la corrupción (en general no solo la empresarial) y solo un 7,7% la señala como el principal problema del país.
La persistencia de formas de trabajar poco éticas tiene, en teoría, numerosas barreras legales y debería estar sometida a una estrecha vigilancia: sistemas de cumplimiento normativo —compliance— dentro de las empresas; seguimiento del Código de Buen Gobierno en las cotizadas; auditorías; normas que garanticen la competencia... Pero como ilustra Joaquín Garralda, decano de Ordenación Académica de IE University, los procesos por los que se llega a delinquir son complejos y paulatinos. “No creo que ningún directivo diga ‘vamos a llamar a X para que espíe para nosotros’. En cambio, sí entran en juego las medias palabras, los eufemismos. Le pongo un ejemplo: me imagino que el superjefazo de Volkswagen, antes del escándalo de las emisiones, planteaba unos objetivos muy agresivos del tipo: ‘Haced lo que sea para ganar cuota de mercado, pero logradlo”. Eso, dice Garralda, unido a mandos que quieren demostrar una fidelidad inquebrantable al jefe, pone en marcha la maquinaria de la organización con resultados a veces nefastos. “Lo que se une a otro segundo aspecto: la soberbia, el pensar que las trampas se pueden arreglar con el tiempo. Lo hemos visto con la contabilidad creativa, que surge esperando que posteriormente el ciclo económico mejorará y tapará los agujeros, pero al final, como sucedió con la crisis de Enron, la marea baja y descubre quién no tenía el traje de baño puesto”.
¿Qué papel desempeñan los auditores para parar esta ola? “Somos actores importantes, pero no los únicos. Los órganos de gobierno de las entidades tienen la responsabilidad de elaboración y supervisión de los estados financieros que nosotros auditamos”, responde David Tejada, director del Departamento Técnico y de Calidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. “Ellos [los directivos] son los obligados a establecer sistemas de control interno para evitar el fraude en las compañías”.
Tejada recuerda que la normativa establece requerimientos concretos a los auditores para detectar anomalías. Pero todo se limita a que el profesional pueda tener una “seguridad razonable” de que los estados financieros están libres de “incorrección material” debido a fraude o error. “Hablamos de una seguridad razonable, no absoluta. Hay unas limitaciones propias de la auditoría que se traducen en el hecho de que, por ejemplo, la dirección puede ocultar información”.
Un consejero de una empresa del Ibex 35 que pide anonimato admite que sí se palpa esa preocupación, pero la achaca a garbanzos negros. “La sensibilidad en los consejos la hay, existe. Que luego se pongan todos los medios para luchar contra la corrupción… En cualquier momento puede pasar algo, cualquier persona puede comprometer a una empresa”. Ese mismo consejero señala que la información financiera a la que están obligadas las corporaciones está perfectamente definida. Pero matiza que es más complicado abordar la información no financiera, que debería desgranar qué medios se utilizan para prevenir la corrupción y el blanqueo. “La ley que los regula está muy mal escrita”, se queja.
El exministro de Justicia Francisco Caamaño pone sobre la mesa otra discrepancia que, en su opinión, juega malas pasadas en España. “Creo que se dan tensiones entre la asesoría jurídica y el compliance. En la mayoría de países los responsables de cumplimento son independientes de la asesoría jurídica, no como aquí”. Y apunta a que, en procedimientos judiciales, el abogado de la empresa puede tener una estrategia procesal que quizá no sea la mejor desde el punto de vista del cumplimiento normativo, por ejemplo, presentándose en la causa como víctima de tal o cual comportamiento en vez de demostrar que la empresa ha sido transparente y diligente. Caamaño también plantea otra disyuntiva: la del tamaño. En sectores como la banca, por ejemplo, iniciativas como las normas de Basilea han servido de revulsivo como un auténtico sistema de cumplimiento, pero a ese nivel llegan muy pocos actores, solo las empresas más grandes.
Lo cierto es que la crisis de 2008 desató grandes males en forma de casos de corrupción que no siempre han tenido grandes remedios. La presidenta de Transparencia Internacional en España, Silvina Bacigalupo, cree que asistimos a una “crisis de gobernanza de los últimos 15 y 20 años que ha generado que nos replanteemos el mundo”. Con ello se refiere a que en España se han acometido reformas legislativas y en el marco internacional han surgido iniciativas como los objetivos de la ONU de desarrollo sostenible (ODS), que en el fondo tienen mucho que ver con la corrupción. “Aunque los cambios siguen siendo lentos”, matiza.
La globalización también ha jugado su papel. A los inversores institucionales de medio mundo les preocupan cada vez más estas cuestiones cuando examinan los méritos de las compañías, y en especial se fijan en el rol de los consejeros independientes. “Antes había consejos que eran graníticos, de consenso… ahora cada vez hay más debates saludables”, dicen en una gran consultora.
Transparencia, la clave
Por muchas normas que se aprueben, el camino hacia la pulcritud corporativa está lleno de curvas. Un ejemplo elocuente lo destapó la CNMC este mismo año cuando impuso una sanción de 118 millones a una docena de empresas por repartirse las obras públicas del AVE durante nada menos que 14 años. Una de ellas, Alstom, que se acogió al programa de clemencia —que exime de sanción al primer denunciante de un cártel— entregó comunicaciones y correos electrónicos que demostraron estrategias vergonzosas entre los participantes de la rapiña, como por ejemplo un sorteo con el que fijaban un orden para que nadie se quedase fuera del reparto de obras públicas. En ocasiones, la oferta económica que presentaba el ganador era 50 o 100 euros superior a la siguiente en contratos de millones de euros.
Juan Luis Jiménez, del departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Las Palmas, critica que el regulador “se rasgue las vestiduras” por varios casos de corrupción que ocupan ahora las portadas de los periódicos y no haya levantado más la voz cuando se han destapado prácticas anticompetitivas como esta. “Se es condescendiente con un tipo de corrupción que debería visibilizarse mucho más. Los acuerdos para restringir la competencia son muy numerosos y muy graves”. A menudo, el problema está en la falta de medios de la policía. En su departamento llevan tiempo estudiando la efectividad de la política anticompetencia y creen que esta decayó tras la reforma de 2013, cuando la antigua Comisión Nacional de Competencia fusionó seis organismos de control regulatorio dando lugar a un macroorganismo hoy llamado CNMC. “Se debería crear un marco de sanciones realmente disuasorio”, añade, porque muchas veces las multas no compensan más que una pequeña parte del daño. También apunta que es “una mala señal” que los dictámenes de Competencia tengan a menudo votos discordantes fruto de la división interna en el propio organismo.
Son problemas propios de un país que, como apunta David Velázquez, director del Máster Universitario en Abogacía de Esade, arrastra un déficit de muchos años en cultura para frenar el fraude, ya que a la falta de tradición se une la introducción tardía de cambios normativos importantes. Aún así, cree que “cada vez hay mayor concienciación”, a menudo porque las corporaciones se toman en serio el hecho de que un escándalo las pueda dejar fuera del mercado si no aplican medidas o con su presidente sentado en el banquillo de los acusados.
Los cambios deberían empezar por las palabras. La figura anglosajona del whistleblowing, un denunciante interno, se ha asumido aquí como el “chivato”, con connotaciones negativas, y no como una persona cuya acción va a ayudar a mejorar las cosas. Tampoco hay un esfuerzo por la transparencia más allá de que a menudo se divulga información plagada de lugares comunes que no permite evaluar si los órganos de gobierno de las compañías hacen lo que deben: velar por el tono ético de su organización. Muchos le echan la culpa a estilos de dirección personalistas más propios de otras épocas. ¿Mejorarán las cosas las nuevas generaciones? Garralda es pesimista por algo muy humano: a menudo los dueños o los gestores acaban convencidos de que todo va bien gracias exclusivamente a ellos. “Piensan: ‘La empresa c´est moi’, como diría Luis XIV”. Aunque sí es cierto que, gracias a las redes sociales, asumen que tendrán que ser mucho más transparentes. “No se atreverán a decir eso de que ‘este comentario no salga de aquí”.
Fonte: Maria Fernandez. El País, Las grandes empresas en España suman escándalos pero, de momento, no pagan las consecuencias
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