O tratado de
Maastricht, assinado em 1992, exigiu que os países do clube do euro tivessem um déficit público inferior a 3% do PIB. Alguns países se destacaram por estar fora deste limite.
A solução foi atacar não o numerador, ou seja, o gasto público, mas o denominador da equação, o valor do PIB.
Uma reportagem de um periódico da Espanha destaca a contabilidade criativa para obter este número:
La opción más obvia consistía en incluir, a efectos estadísticos, actividades paralegales, como la prostitución y el juego, de forma que el cociente resultase menos estridente.
Esta simple anécdota pone sobre la mesa un asunto de actualidad en estos momentos: el empleo de la contabilidad creativa no se ha limitado a empresas como Parmalat, Ahold o Enron; las entidades públicas, en mayor o menor medida, han empleado la contabilidad creativa para alterar sus cuentas, desviando sin embargo todo el foco mediático hacia el sector privado, al que han regulado, han impuesto muy estrictos estándares contables y han aplicado contestables medidas de buen gobierno.
A pesar de ser bien recibidas por el legislador, su resistencia a aplicarlas y a atajar las prácticas de prostitución contable [grifo meu], que afectan al sector público, delata una actitud farisaica.
Centrémonos en un par de ejemplos que dejan constancia de este proceso: los déficit de pensiones y la deuda fuera de balance. La contabilidad internacional, al igual que la norteamericana, fuerza a cualquier compañía con fondos de pensiones internos a informar al mercado del déficit o superávit que tiene el fondo de pensiones, valorando los activos a precio de mercado y descontando las obligaciones futuras a los empleados a una tasa de descuento muy cercana al coste de la deuda de la empresa. Con esta medida, se ha intentado aplacar el muy extendido uso de prácticas contables apoyadas en cálculos actuariales, que pretendían simular que las promesas realizadas a los trabajadores mediante las pensiones estaban cubiertas con creces con los fondos actuales, cuando en realidad se debía mucho más dinero que el que realmente se tenía.
(...) La deuda fuera de balance a la que han acudido como instrumento contable muchas administraciones se puso de moda con la bancarrota de Enron. La firma tejana procedía a titulizar todo tipo de activos, con el objeto de sacarlos de balance, así como la cuantiosa deuda que los soportaba. El abuso de esta práctica provocó la caída de la empresa, y desde entonces los esfuerzos contables tienden a dificultar las prácticas conducentes a ocultar la deuda fuera del balance de situación.
Sin embargo, los entes públicos han practicado, practican y practicarán la financiación fuera de balance con total impunidad: las comunidades autónomas emplean la deuda fuera de balance de una forma agresiva, hasta el punto de que la deuda regional así “contabilizada” alcanza ya los 7.080 millones de euros, alrededor del 1% del PIB español.
Mediante el aparcamiento de esta deuda en empresas mixtas se acometen cuantiosas inversiones en infraestructuras, de forma que la Unión Europea no contabilice estos compromisos como deuda pública. Este esquema ha sido agresivamente utilizado en Cataluña, donde la deuda alcanza 3.502 millones de euros; en la Comunidad Valenciana, donde asciende a 1.538, y en la Comunidad de Madrid, con 488 millones.
Así, por ejemplo, esta última lo puso en práctica a través de la sociedad Mintra, encargada de la ampliación del metro. La deuda acumulada de Mintra ascendió a 3.000 millones de euros; sin embargo, no fue consolidada en las cuentas de la Comunidad de Madrid hasta que la Unión Europea lo forzó. (...)
El Producto Interior Bruto y la prostitución
Gaceta de los Negocios -18/10/2007