Shakira e a evasão fiscal

Muitas figuras conhecidas tiveram problemas com o fisco. Na música temos o caso de Chuck Berry, Prince e Lionel Richie. No futebol recentemente Cristiano Ronaldo, que teve que pagar US$ 22 milhões para resolver um caso de fraude fiscal, e Leonel Messi. Algumas chegaram a ser presas.

Parece que a cantora colombiana Shakira enfrenta novamente problemas fiscais. A justiça da Espanha acusa a estrela de deixar de pagar €6,7 milhões em 2018. Segundo a acusação, Shakira deixou de declarar os adiantamentos da turnê El Dorado World Tour, além de outras fontes de renda, como acordos comerciais com marcas (Procter & Gamble, Fisher Price, Ipanema e Activia). 

A investigação foi aberta em julho de 2023, mas só agora revelada ao público por conta de uma reportagem da Associated Press. A acusação é a segunda que Shakira, cantora do hit "hips don't lie" (Quadris não mentem, em português) enfrenta. 

Atualmente Shakira reside em Miami, mas em 2018 morava em Barcelona, com o então marido, o jogador de futebol Gerard Piquè, e dois filhos. A principal questão da pendência fiscal é o domícilio da cantora. Shakira afirma que não se considera uma residente na Espanha, pois viaja boa parte do ano. A lei espanhola usa três fatores para qualificar alguém como residente no país ibérico: presença física, localização do cônjuge e filhos e se o país é o centro de interesse econômico. 

No cenário mais pessimista, Shakira pode pegar oito anos de prisão. Mas também pode ter uma sentença mais leve, evitando a prisão, como ocorreu com Messi e Ronaldo. 

Além do caso, a cantora tem outra pendência com o fisco espanhol, também um caso de evasão fiscal, neste caso no período de 2012 a 2014. Esta pendência deve ter início de julgamento em novembro. 

Abaixo, trocadilhos com a música Hips don´t Lie e os contadores da cantora:

Shakira e o fisco

Shakira, a cantora colombiana, está sendo processada por conta de uma dívida de 14,5 milhões. Este valor refere-se a imposto no período entre 2012 e 2014. A cantora recusou um acordo e por isto a dívida aumentou, de 14,5 para 24 milhões. Ela nega a irregularidade e seus representantes dizem que a cantora está tendo seus "direitos violados" (sic). 

O problema é que a justiça espanhola afirma que no período Shakira morou na Espanha e deve impostos. Mas a cantora nega, mesmo diante da evidência que comprou uma casa em Barcelona. Sua fortuna é estimada em 300 milhões, então o valor da multa não é tão elevada assim. (Foto: aqui)

Touros espanhois

Uma consequência do Covid pode ser o fim das touradas. Veja uma notícia do Jornal Econômico:

Caso não se realizem eventos durante 2020, os intervenientes da indústria tauromáquica espanhola poderão perder mais 77 milhões de euros, segundo conta a agência “Reuters” esta terça-feira, 12 de maio.

Festivais como San Isidro em Madrid, a feira de abril de Sevilha e San Fermin em Pamplona, ​agendados para julho, foram cancelados, tendo os animais sido enviados diretamente da criação para o matadouro.

Os criadores deste tipo de gado já contabilizam perdas de milhares de euros, uma vez que o custo de criação de um “touro de combate” ronda os cinco mil euros e que só é rentável caso os eventos se realizem. Em contrapartida, cada touro vendido para um matadouro rende 500 euros, uma quantia bastante abaixo do planeado aquando da criação destes animais.

Os governos locais cortaram o financiamento deste tipo de festas, os políticos de esquerda opõem-se e nos últimos anos, o movimento anti-tourada espanhol tem vindo a ganhar relevância. Algumas cidades e regiões, principalmente a Catalunha, já proibiram touradas, ou “corridas de touros”. Embora os grandes festivais ainda atraiam multidões, o interesse público nas touradas diminuiu consideravelmente.

Apesar de Espanha já ter começado a diminuir as restrições relativas ao distanciamento social em tempo de pandemia, não é claro que alguma corrida possa ser realizada até outubro, mês em que é concluída a temporada tauromáquica.

Espanha: escândalos, sem consequência

Un dicho recuerda que quien quiera derrotar a la corrupción debe estar dispuesto a enviar a la cárcel a su familia. Abusos y prácticas anticompetitivas forman una bestia de múltiples cabezas que está golpeando duramente a las empresas españolas. Tanto, que hace algunos días la CNMV se vio obligada a lanzar una advertencia pública por la cascada de irregularidades y casos de presunta corrupción ligados a importantes empresas cotizadas. Desde el BBVA e Iberdrola por las escuchas del excomisario José Manuel Villarejo relacionadas con el espionaje a casos vinculados a contrataciones públicas (FCC, Indra, Isolux, OHL, ACS), escándalos financieros (Popular, Bankia) o por crisis empresariales (Pescanova, Dia, Abengoa). Eso por citar solo los más sonados en un país que es, según el Foro Económico Mundial, la economía 23 de 141 Estados evaluados que, sin embargo, baja al puesto 39 cuando se analiza su propensión a la corrupción.

Por muy enérgica que sea la reacción pública de la CNMV, ni siquiera el regulador ha puesto sanciones por esos fallos en la comunicación que dice detectar. En los últimos dos años ha abierto nueve expedientes (cinco en 2017 y cuatro en 2018) por incumplimientos en la información que las empresas tienen que divulgar al mercado (dentro de ella está la comunicación sobre procesos por corrupción que les afecten) y no ha concluido ninguno de esos procesos ni ha puesto sanciones.

¿Es una preocupación real en las corporaciones? Preguntada, la CEOE remite a la Asociación Española de Compliance para más información sobre estas cuestiones. Tampoco las Cámaras de Comercio se manifiestan. Y la Asociación Española de Banca elude analizar si el sector está dando una imagen negativa por no haber evitado conductas, como mínimo, inapropiadas y se limitan a recordar que en los últimos años “se han producido importantes cambios regulatorios en los bancos con un doble objetivo: protección al consumidor y estabilidad financiera”.

Esta tampoco parece ser una de las principales inquietudes sociales. Solo el 2,4% de los encuestados en el último barómetro del CIS declaran verse afectados directamente por la corrupción (en general no solo la empresarial) y solo un 7,7% la señala como el principal problema del país.

La persistencia de formas de trabajar poco éticas tiene, en teoría, numerosas barreras legales y debería estar sometida a una estrecha vigilancia: sistemas de cumplimiento normativo —compliance— dentro de las empresas; seguimiento del Código de Buen Gobierno en las cotizadas; auditorías; normas que garanticen la competencia... Pero como ilustra Joaquín Garralda, decano de Ordenación Académica de IE University, los procesos por los que se llega a delinquir son complejos y paulatinos. “No creo que ningún directivo diga ‘vamos a llamar a X para que espíe para nosotros’. En cambio, sí entran en juego las medias palabras, los eufemismos. Le pongo un ejemplo: me imagino que el superjefazo de Volkswagen, antes del escándalo de las emisiones, planteaba unos objetivos muy agresivos del tipo: ‘Haced lo que sea para ganar cuota de mercado, pero logradlo”. Eso, dice Garralda, unido a mandos que quieren demostrar una fidelidad inquebrantable al jefe, pone en marcha la maquinaria de la organización con resultados a veces nefastos. “Lo que se une a otro segundo aspecto: la soberbia, el pensar que las trampas se pueden arreglar con el tiempo. Lo hemos visto con la contabilidad creativa, que surge esperando que posteriormente el ciclo económico mejorará y tapará los agujeros, pero al final, como sucedió con la crisis de Enron, la marea baja y descubre quién no tenía el traje de baño puesto”.

¿Qué papel desempeñan los auditores para parar esta ola? “Somos actores importantes, pero no los únicos. Los órganos de gobierno de las entidades tienen la responsabilidad de elaboración y supervisión de los estados financieros que nosotros auditamos”, responde David Tejada, director del Departamento Técnico y de Calidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. “Ellos [los directivos] son los obligados a establecer sistemas de control interno para evitar el fraude en las compañías”.

Tejada recuerda que la normativa establece requerimientos concretos a los auditores para detectar anomalías. Pero todo se limita a que el profesional pueda tener una “seguridad razonable” de que los estados financieros están libres de “incorrección material” debido a fraude o error. “Hablamos de una seguridad razonable, no absoluta. Hay unas limitaciones propias de la auditoría que se traducen en el hecho de que, por ejemplo, la dirección puede ocultar información”.

Un consejero de una empresa del Ibex 35 que pide anonimato admite que sí se palpa esa preocupación, pero la achaca a garbanzos negros. “La sensibilidad en los consejos la hay, existe. Que luego se pongan todos los medios para luchar contra la corrupción… En cualquier momento puede pasar algo, cualquier persona puede comprometer a una empresa”. Ese mismo consejero señala que la información financiera a la que están obligadas las corporaciones está perfectamente definida. Pero matiza que es más complicado abordar la información no financiera, que debería desgranar qué medios se utilizan para prevenir la corrupción y el blanqueo. “La ley que los regula está muy mal escrita”, se queja.

El exministro de Justicia Francisco Caamaño pone sobre la mesa otra discrepancia que, en su opinión, juega malas pasadas en España. “Creo que se dan tensiones entre la asesoría jurídica y el compliance. En la mayoría de países los responsables de cumplimento son independientes de la asesoría jurídica, no como aquí”. Y apunta a que, en procedimientos judiciales, el abogado de la empresa puede tener una estrategia procesal que quizá no sea la mejor desde el punto de vista del cumplimiento normativo, por ejemplo, presentándose en la causa como víctima de tal o cual comportamiento en vez de demostrar que la empresa ha sido transparente y diligente. Caamaño también plantea otra disyuntiva: la del tamaño. En sectores como la banca, por ejemplo, iniciativas como las normas de Basilea han servido de revulsivo como un auténtico sistema de cumplimiento, pero a ese nivel llegan muy pocos actores, solo las empresas más grandes.

Lo cierto es que la crisis de 2008 desató grandes males en forma de casos de corrupción que no siempre han tenido grandes remedios. La presidenta de Transparencia Internacional en España, Silvina Bacigalupo, cree que asistimos a una “crisis de gobernanza de los últimos 15 y 20 años que ha generado que nos replanteemos el mundo”. Con ello se refiere a que en España se han acometido reformas legislativas y en el marco internacional han surgido iniciativas como los objetivos de la ONU de desarrollo sostenible (ODS), que en el fondo tienen mucho que ver con la corrupción. “Aunque los cambios siguen siendo lentos”, matiza.

La globalización también ha jugado su papel. A los inversores institucionales de medio mundo les preocupan cada vez más estas cuestiones cuando examinan los méritos de las compañías, y en especial se fijan en el rol de los consejeros independientes. “Antes había consejos que eran graníticos, de consenso… ahora cada vez hay más debates saludables”, dicen en una gran consultora.

Transparencia, la clave
Por muchas normas que se aprueben, el camino hacia la pulcritud corporativa está lleno de curvas. Un ejemplo elocuente lo destapó la CNMC este mismo año cuando impuso una sanción de 118 millones a una docena de empresas por repartirse las obras públicas del AVE durante nada menos que 14 años. Una de ellas, Alstom, que se acogió al programa de clemencia —que exime de sanción al primer denunciante de un cártel— entregó comunicaciones y correos electrónicos que demostraron estrategias vergonzosas entre los participantes de la rapiña, como por ejemplo un sorteo con el que fijaban un orden para que nadie se quedase fuera del reparto de obras públicas. En ocasiones, la oferta económica que presentaba el ganador era 50 o 100 euros superior a la siguiente en contratos de millones de euros.

Juan Luis Jiménez, del departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Las Palmas, critica que el regulador “se rasgue las vestiduras” por varios casos de corrupción que ocupan ahora las portadas de los periódicos y no haya levantado más la voz cuando se han destapado prácticas anticompetitivas como esta. “Se es condescendiente con un tipo de corrupción que debería visibilizarse mucho más. Los acuerdos para restringir la competencia son muy numerosos y muy graves”. A menudo, el problema está en la falta de medios de la policía. En su departamento llevan tiempo estudiando la efectividad de la política anticompetencia y creen que esta decayó tras la reforma de 2013, cuando la antigua Comisión Nacional de Competencia fusionó seis organismos de control regulatorio dando lugar a un macroorganismo hoy llamado CNMC. “Se debería crear un marco de sanciones realmente disuasorio”, añade, porque muchas veces las multas no compensan más que una pequeña parte del daño. También apunta que es “una mala señal” que los dictámenes de Competencia tengan a menudo votos discordantes fruto de la división interna en el propio organismo.

Son problemas propios de un país que, como apunta David Velázquez, director del Máster Universitario en Abogacía de Esade, arrastra un déficit de muchos años en cultura para frenar el fraude, ya que a la falta de tradición se une la introducción tardía de cambios normativos importantes. Aún así, cree que “cada vez hay mayor concienciación”, a menudo porque las corporaciones se toman en serio el hecho de que un escándalo las pueda dejar fuera del mercado si no aplican medidas o con su presidente sentado en el banquillo de los acusados.

Los cambios deberían empezar por las palabras. La figura anglosajona del whistleblowing, un denunciante interno, se ha asumido aquí como el “chivato”, con connotaciones negativas, y no como una persona cuya acción va a ayudar a mejorar las cosas. Tampoco hay un esfuerzo por la transparencia más allá de que a menudo se divulga información plagada de lugares comunes que no permite evaluar si los órganos de gobierno de las compañías hacen lo que deben: velar por el tono ético de su organización. Muchos le echan la culpa a estilos de dirección personalistas más propios de otras épocas. ¿Mejorarán las cosas las nuevas generaciones? Garralda es pesimista por algo muy humano: a menudo los dueños o los gestores acaban convencidos de que todo va bien gracias exclusivamente a ellos. “Piensan: ‘La empresa c´est moi’, como diría Luis XIV”. Aunque sí es cierto que, gracias a las redes sociales, asumen que tendrán que ser mucho más transparentes. “No se atreverán a decir eso de que ‘este comentario no salga de aquí”.

Fonte: Maria Fernandez. El País, Las grandes empresas en España suman escándalos pero, de momento, no pagan las consecuencias

Currículo falso na política espanhola

Na Espanha, o Partido Popular (PP) chegou ao poder em 2011. Recentemente, seu líder, Mariano Rajoy, foi destituído. No lugar dele, assumiu Pablo Casado (foto).

Agora uma acusação pode manchar o currículo de Casado. Algo que já conhecemos de perto, quando um ex-presidente do Brasil informou ter curso de mestrado e doutorado que não existia e agora um candidato à presidência informou ter vínculo com a USP que não existia.

No caso de Pablo Casado a questão refere-se a um título acadêmico do Instituto de Direito Público (IDP, não confundir com a escola de Gilmar Mendes, de mesmo nome). De acordo com a acusação, o título de mestrado foi usado como uma forma de presente para alunos que tinham uma posição de liderança política. Casado seria parte de um grupo de alunos que conseguiram equivalência de disciplina e dispensa de aula para obter o diploma. O caso foi parar no Supremo da Espanha e pode inviabilizar o futuro político de Casado.

Banco Popular

Em meados de 2017, o sexto maior banco da Espanha quebrou. O Santander assumiu a instituição por um euro. Durante 30 anos o Popular foi auditado pela PwC e aparentemente em nenhum momento a auditoria alertou para problemas na instituição, mesmo quando o banco teve prejuízo.

Agora, em um depoimento no Congresso da Espanha, o presidente da PwC (foto, no meio) daquele país afirmou que a empresa advertiu, em três ocasiões, sobre a “de las incertidumbres sobre la continuidad del negocio o los problemas que podía tener el Popular”. Isto foi feito em parágrafos de ênfase:

Sánchez ha hecho una defensa cerrada del trabajo de la firma, aunque sí que ha reconocido incoherencias aparentes a lo largo del tiempo, que ha atribuido a los nueve cambios de normativa en los 12 últimos años, “pero siempre se cumplió la ley”.

Dois aspectos importantes nesta notícia. Em primeiro lugar, parágrafo de ênfase não é ressalva. Isto não é uma desculpa razoável. É interessante que depois do parágrafo de ênfase, a PwC afirmou que “estas cuestiones no modifican nuestra opinión” que as demonstrações refletiam fielmente a situação do Banco Popular.

Outro aspecto é justificar a falha na mudança de normas nos últimos 12 anos. Os problemas do banco são mais recentes e a alteração na norma não afeta a questão da continuidade.

Prisão na família real espanhola

Em 2014, a princesa Cristina foi acusada de uma série de crimes relacionadas a uma pequena sociedade familiar. A defesa da princesa disse que ela não estava a par da gestão e que não tinha experiência em matéria de contabilidade fiscal. Os advogados afirmaram que Iñaki Urdangarin, o marido de Cristina, seria o responsável exclusivo pela gestão da empresa.

Entre os crimes, lavagem fiscal e fraude, além de falsificação de documentos e peculato.

Hoje, Urdangarin, o cunhado do ex-rei da Espanha, entrou na sua cela na prisão de Brieva. Ele tinha sido condenado pelo Supremo espanhol a cinco anos e dez meses de prisão por desvio de dinheiro. E por ter usado sua posição para obter facilidades que possibilitaram o desvio de fundos.

A princesa Cristina não corre risco de ir para a prisão: foi "imputada"

Documentos contábeis e a queda de Rajoy

São tantos os problemas brasileiros que esquecemos que em alguns países denúncias de corrupção, recebimento ilegal e outras falcatruas estão ocorrendo. Na Espanha, o ex-primeiro-ministro Mariano Rajoy perdeu o poder por problemas contábeis:

O gatilho decisivo foi uma decisão da Audiencia Nacional , um tribunal anticorrupção de alto nível, que declarou que o PP se financiara durante anos com doações ilegais . Uma rede de “prestadores de serviços amigáveis” receberia generosos contratos públicos e canalizaria parte desse dinheiro para o partido e seus altos funcionários. Apesar de não fazer parte desta decisão, documentos contábeis internos sugerem que Rajoy recebeu pagamentos ilegais durante um longo período de tempo.

Recebendo sem trabalhar

Um jornal de Portugal relata um caso interessante que ocorreu na cidade espanhola de Valência. Dez anos em ir trabalhar, Recio foi demitido em 2017. Durante o período recebeu salário, mas não irá a julgamento:

O funcionário do Arquivo Geral e Fotográfico de Valência que esteve 10 anos sem ir trabalhar, apesar de continuar a receber salário – cerca de 50 mil euros por ano – não cometeu qualquer crime, concluiu o Ministério Público (MP) espanhol, que decidiu arquivar a queixa com o argumento de que Carles Recio alertou os seus superiores para a sua situação e que estes o ignoraram.

A visão do Ministério Público é que Recio informou o que estava ocorrendo para seus superiores, que não fizeram nada.

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Popular e a rede de proteção de bancos na Europa

Os detalhes da quebra do Banco Popular parece indicar que o sistema bancário da Europa não possui uma rede de proteção eficaz. Pelo menos é o que permite concluir a partir da informação do site Wolfstreet.

As informações recentes mostram que o Banco Popular estava perdendo cerca de 2 bilhões de euros de depósitos por dia. E eram os investidores institucionais os principais responsáveis, como um fundo de segurança social espanhol, agências governamentais e outras entidades do setor público. Ou seja, o próprio governo contribuiu fortemente para a quebra do banco. E levanta uma suspeita de que o governo usou informação privilegiada para salvar seus recursos, acelerando o processo de quebra, enquanto o pequeno correntista perdeu. Ao mesmo tempo que os investidores institucionais faziam suas retiradas, o Ministro da Economia afirmava que não existia motivo de preocupação.

Mesmo depois que o Santander entrou no negócio, comprando o Popular por 1 euro, mas prometendo colocar algo em torno de 7 bilhões de euros na instituição, o volume de depósitos continuou a reduzir. Os recursos para cobrir os depósitos, na Espanha, estão limitados a 100 mil euros por pessoa. Mas o Fundo de Garantia de Depósitos da Espanha não tinha recursos para cobrir os prejuízos. Este é o ponto crucial que leva a suspeitar da proteção do sistema bancário espanhol: o FSB, um conselho de estabilidade financeira da Europa, não considerava que o Banco Popular seria “grande demais para quebrar”. Na realidade, somente o Santander estaria enquadrado nesta categoria. O Popular seria o sexto banco espanhol em porte e não seria socorrido. Tudo leva a crer que a opção de deixar falir poderia gerar um efeito sobre as demais instituições financeiras espanholas.

Banco Popular e as auditorias

PwC auditó al Banesto de Mario Conde sin hallar rarezas. Asesoró la venta de las 3.000 viviendas sociales madrileñas que Ignacio González y Ana Botella vendieron a Goldman Sachs y otros fondos buitre. Su grupo mundial aconsejó a las multinacionales que eludieron impuestos a través del Luxleaks. Y pagará 38 millones (y nueve millones de multa) tras pactar con el fiscal anticorrupción para evitar la cárcel a un puñado de sus socios por delito fiscal contra el IRPF y Sociedades. Gente fiable.

También debe ser ultra-fiable Deloitte, que auditó —con informes "limpios"— a todas las cajas de ahorros que luego quebraron. Y que se superó en el caso Bankia, al ser multada con 12 millones de euros por el ICAC (ratificados por Guindos), por actuar de modo incompatible al hacer un doblete innoble: elaborar las cuentas de la entidad y luego auditarlas.
Continue lendo aqui o artigo do El País, Escandalosas auditorias.

Santander compra o Popular por um euro

No dia quatro fizemos uma postagem sobre as dificuldades do Banco Popular, uma instituição bancária da Espanha, a quinta maior daquele país. Neste ínterim, o Banco Central da Europa constatou a inviabilidade do Popular. Além disto, nos últimos cinco dias o Popular perdeu metade do seu valor e a Comisión Nacional del mercado de Valores (CNMV) suspendeu as negociações de suas ações. A instituição começou a sofrer com a desconfiança do mercado e a falta de liquidez, segundo um comunicado da Junta de Resolución Bancaria europeia.

Santander, Bankia e CaixaBank tinham demonstrado interesse em ficar com a instituição, mas o único de apresentou uma oferta que atendia os requisitos foi o Santander. Com isto, o Popular foi vendido por um euro para o Santander. A operação não irá necessitar de dinheiro do contribuinte espanhol. Para o Santander, ficar com os clientes do Popular terá um custo, já que é necessário reforçar seu capital e vencer a desconfiança. A previsão é que o Santander aumente seu capital em 7 bilhões de euros, cerca de 26 bilhões de reais.

A não utilização do dinheiro público foi destacado por uma das autoridades que participaram do negócio, Elke König: “A decisão tomada hoje salvaguarda os depositantes e as funções críticas do Banco Popular. Isto mostra que os instrumentos dados às autoridades de supervisão depois da crise são efetivas para evitar o uso do dinheiro dos contribuintes no resgate a bancos”.

Outro banco espanhol com problemas

O sexto maior banco da Espanha, o Banco Popular, pode ser liquidado a qualquer momento. Com sede em Madri e fundado em 1926, esta instituição tem ativos de 148 bilhões de euros e 12 mil empregados, além de quase 5 milhões de clientes. Suas ações valem hoje 0,43 euros e há dez anos tinham um valor de 15 euros.

A bolha imobiliária na Espanha derrubou os negócios do banco. Mas sua liquidação pode ser complicada, já que a instituição possui uma grande carteira de clientes entre as empresas de pequeno porte e é apoiado pela Opus Dei.

Um comprador não resolve os problemas do Banco Popular. Provavelmente dinheiro do contribuinte espanhol deverá ser usado para ajudar na solução do problema. Um potencial comprador, o Santander, somente faria negócio se existisse um apoio do governo para limpar o balanço do Popular.

Este não é o único banco espanhol com problemas. Conforme destacamos anteriormente no blog, o Bankia é outra instituição envolvida em escândalos.

Rir é o melhor remédio

Enquanto isto, na Espanha...

Fonte: Aqui

Bankia

Em fevereiro fizemos uma postagem descrevendo o caso do Bankia, uma instituição financeira espanhola que virou símbolo de escândalo bancário. Agora o El Mundo informa que o presidente de uma associação de consumidores conseguiu arrancar 1 milhão de euros em troca de um apoio, que incluía a retirada de denúncias judiciais. O banco aceitou a proposta, segundo o jornal.

Auditoria na Espanha

Mario Alonso (Badajoz, 1960) es desde julio de 2013 el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE). Esta organización cuenta con 5.200 miembros y representa los intereses de los auditores españoles. Alonso tiene ante sí un desafío importante: presionar para que se reconduzca la nueva Ley de Auditoría, con la que el sector no está nada de acuerdo.

(...) El nuevo marco normativo para los auditores no entrará en vigor hasta el 17 de junio de 2016, aunque algunas diposiciones son efectivas desde el 1 de enero.

La Ley de Auditoría, que salió adelante solo con los votos del Partido Popular sin tener en cuenta las numerosas enmiendas que presentaron los partidos de la oposición, amplía el contenido del informe de auditoría para entidades que no son consideradas de interés público (básicamente, los grupos familiares no cotizados).

(...) muchas compañías llevan dos o incluso más décadas trabajando con el con el mismo auditor, circunstancia que podría erosionar la independencia del censor de cuentas. Por este motivo, el legislador ha fijado un periodo contractual mínimo de tres años y máximo de diez. (continue lendo aqui)

Regulador também erra a sua contabilidade

Aconteceu na Espanha:

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene entre sus funciones comprobar que las empresas aplican correctamente las normas contables. Es la manera de “reforzar la confianza en la fiabilidad de la información financiera publicada por las entidades cotizadas”, según proclama el supervisor. Sus técnicos lanzan exhaustivos requerimientos a las empresas para que expliquen cada detalle cuando no ven algo claro. Esta vez, sin embargo, ha sido el policía del mercado el que reconoce que, por error, se saltó las normas contables en 2011, lo que se arrastró a 2012. El fallo, en todo caso, es pequeño, de 121.700 euros, el equivalente a poco más de un 1% del beneficio declarado ese ejercicio y no dio lugar a ninguna salvedad en las cuentas.

El supervisor admite su error en las cuentas de 2013, publicadas este lunes en el Boletín Oficial del Estado. La CNMV firmó en 2011 un acuerdo con la Fundación del Consejo Internacional de Supervisión Pública en estándares de auditoría, ética profesional y materias relacionadas (PIOB, por sus siglas en inglés) por el que se prorrogaba la cesión a dicho ente del uso gratuito del inmueble de la calle Oquendo 12 de Madrid adscrito al supervisor.

“Dicha autorización de uso gratuito del inmueble de la calle Oquendo, por un periodo inferior a su vida económica, se debió registrar en las cuentas del ejercicio 2011, contabilizando un deterioro de valor del bien por el importe estimado del valor del usufructo cedido durante el periodo de cesión y reconociendo por dicho importe un gasto por subvenciones [por esos 121.700 euros]. Además se debe registrar la reversión de dicho deterioro de valor, que se produce a lo largo del periodo de cesión del elemento”, admite la CNMV. “No obstante, esta operación no fue registrada en la contabilidad del año 2011, procediéndose a corregir dicho error en las cuentas del ejercicio 2013”, añade. En 2011 el presidente de la CNMV era Julio Segura. Al ser de pequeña cuantía, el error no dio lugar a ninguna salvedad en la revisión de las cuentas. Además, la cesión estaba recogida en la memoria.

La corrección de este error ha supuesto modificar la información comparativa del ejercicio 2012 que se presenta en las cuentas del ejercicio 2013 en las partida de terrenos, en la de construcciones, en la de resultados de ejercicios anteriores, en la de resultados del ejercicio, en la amortización del inmovilizado, en la de deterioro de valor y en el resultado económico patrimonial.

Las cuentas, por otra parte, muestran que el beneficio de la CNMV cayó en 2013 un 44,3%, hasta 4,11 millones. En dos años ha caído un 59%. El sueldo de su presidenta, Elvira Rodríguez, fue de 149.326 euros, el mismo que el de su antecesor, Julio Segura.

El País

Procura-se auditor

A Espanha está procurando José Antonio Diaz Villanueva, o auditor que deu o parecer da empresa Gowex, informou o El País. Durante anos Villanueva certificou positivamente as demonstrações contábeis da Gowex, uma empresa especializada em instalar redes wifi em locais públicos.

O auditor já foi punido com multa e a impossibilidade de exercer a profissão por dois anos. Durante a crise econômica, a Gowex multiplicou por três suas vendas e por cinco seu lucro. Descobriu-se que o lucro correspondia a 10% do divulgado, o principal cliente era a própria empresa e pagava-se um valor irrisório para fazer a auditoria. As ações da empresa eram negociadas em Madri, Paris e Nova Iorque.