Auditores na Europa

Europa detecta un deseo de limitar la responsabilidad del sector
Gaceta de los Negocios - 25/06/2007

La profesión auditora considera que Bruselas debería limitar la resonsabilidad del auditor en caso de pleito, ya que esto no mermaría la calidad de su trabajo y dificultaría que la desaparición de otra firma —como ocurrió en 2002 con Arthur Andersen tras el escándalo Enron— pusiera en peligro la eficacia de los mercados financieros.

Entre las personas “ajenas al sector”, las opiniones están divididas. Aquéllas de países miembros donde existe ya limitación apoyan también una iniciativa de la Comisión Europea. Sin embargo, aquéllas de estados donde existe menor limitación se muestran reticentes a la intervención del Ejecutivo comunitario y reivindican que, en el caso de producirse, se deje “una gran flexibilidad a los Estados miembros en cuanto a la forma de limitar la responsabilidad (del auditor) a nivel nacional”.

Estos son los resultados de una consulta lanzada en enero por el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, publicados la semana pasada. En cuanto a la forma de limitar la responsabilidad, las firmas de auditoría abogan en general por el establecimiento de un tope —ya sea una cuantía fija a nivel europeo, o una cantidad que dependa del tamaño de la auditora, o una cifra determinada en función de los honorarios cobrados por el servicio en cuestión—. Por su parte, las personas “ajenas a la profesión” preferirían que se aplicase el principio de responsabilidad proporcionada, en el que auditora y compañía auditada respondisen en función de la implicación de cada una en el asunto.

La Comisión tiene proyectado tomar la decisión final en otoño, una vez completado el estudio que está realizando sobre la propiedad de las firmas de auditoría.

En España, CiU acaba de registrar en la Cámara Baja una proposición de Ley de reforma parcial de la Ley 19/1988 de 12 de julio de Auditoría de Cuentas. El objetivo del texto es “actualizar la vigente ley para dar más seguridad jurídica al sector, reforzar la independencia del auditor, establecer un régimen sancionador exigente y duro pero no confiscatorio y establecer una responsabilida proporcional al daño efectivamente causado que sea limitada y equitativa para los auditores” que haga que España deje de ser el único país que mantiene una responsabilidad ilimitada para estos profesionales.