Petrobrás e Bolívia

Eis o comunicado do governo da Bolívia referente a nacionalização dos campos naquele país:

"El Presidente, Evo Morales Ayma, mediante Decreto Supremo 28701 nacionalizó el conjunto de los recursos hidrocarburíferos del país e instruyó a las Fuerzas Armadas tomar los diferentes campos petroleros con batallones de ingenieros.

En lo que calificó de una tercera y definitiva nacionalización, Morales explicó que los bolivianos vuelven a asumir la propiedad de este recurso natural que se constituirá, junto a otras acciones, en el pilar central del desarrollo de Bolivia y los bolivianos y, consecuentemente de la liberación de un país con los más altos niveles de marginación social e inequidad en la distribución de su riqueza.

La disposición leída en toda su extensión por el Mandatario y sustentada en la Constitución Política del Estado, la Ley de Hidrocarburos y acuerdos internacionales que permiten a los indígenas aprovechar sus recursos naturales sin perjuicio del apoyo internacional, se constituye “en una respuesta al pueblo”.

“El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos”, señala el primer artículo del decreto de nacionalización, que se da a más de tres meses de gestión de la administración gubernamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) que ofertó precisamente esa acción que redundará en la política económica del país.

Las Fuerzas Armadas, junto a los fiscales, tomaron hoy las 56 instalaciones de campos petroleros y dos refinerías que estaban controladas por las transnacionales Chaco y Andina, además de la transportadora Transredes a partir del proceso de capitalización impulsado por en el primer gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR).

Las petroleras están obligadas a entregar toda su producción de gas y petróleo a Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien también estará a cargo de la comercialización con la definición de las condiciones volúmenes y precios internos y la exportación e industrialización.

La actual administración gubernamental estableció que las petroleras que acaten de forma inmediata esta disposición podrán operar en el país, una vez que en 180 días, a partir de este 1 de mayo, negocien nuevos contratos acordes a la nueva realidad vigente. “Las compañías que no hayan firmado contratos no podrán seguir operando en el país”, afirmó el presidente Morales leyendo el decreto supremo.

Con la finalidad de garantizar la producción, la estatal petrolera deberá tomar a su cargo las operaciones de los campos de las compañías que se nieguen a acatar o intenten impedir la nacionalización de los hidrocarburos, que también implicará que el Estado acceda a 780 millones de dólares anuales.

La distribución de los recursos generados por la explotación de los recursos hidrocarburíferos también cambiará. De los recursos económicos generados de aquellos campos donde se haya registrado una producción superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios de gas durante el 2005, se destinará el 82 por ciento al Estado y 18 por ciento para las empresas.

Del total de recursos que genera la industria petrolera en los megacampos, el 32 por ciento se inscribe en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), 32 por ciento se destinará a la participación adicional para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, 18 por ciento irá en regalías y participaciones y el saldo, 18 por ciento se irá a las compañías para cubrir costos de producción, inversión y utilidades.

“Para los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005, haya sido menor a 100 millones de pies cúbicos diarios durante el período de transición se mantendrá en actual distribución del valor de la producción de hidrocarburos”, informó Morales, dejando claro que las regalías de los departamentos productores no serán afectadas.

También se realizarán auditorías a cada una de las empresas para determinar las inversiones realizadas en este proceso de capitalización, sus amortizaciones, costos de operación y rentabilidad. Los resultados determinarán “la retribución o participación” de las empresas en el marco de los nuevos contratos que se firmarán.

El Estado toma inmediatamente el control y la dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos en el país, aseguró el Presidente, en parte de un discurso, donde expresó que este es el “mejor regalo” para los trabajadores en su día.

Se transfieren en propiedad a Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a título gratuito, las acciones de los ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva en las empresas petroleras capitalizadas Chaco S.A.; Andina S.A., Transredes S.A.”, señala el decreto de nacionalización.

Con el fin de que esta decisión no afecte el pago del Bonosol, que se garantiza con los dividendos de estos recursos, el gobierno compromete la “reposición” de estos aportes para no generar ningún problema en el pago de este beneficio a las personas mayores de 65 años.

Las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva que están a nombre de la Administradoras de Fondo Pensiones (AFP) en las empresas Chaco, Andina y Transredes serán “endosadas” a nombre de YPFB, anunció el Presidente y explicó que el Estado, a través del fortalecimiento de la empresa estatal, participará en toda la cadena productiva hidrocarburífera.

“Se nacionaliza las acciones necesarias para que Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos controle como mínimo el 50 por ciento mas uno en las empresas Chaco S.A.; Andina S.A., Transredes S.A.; Petrobras Bolivia; Refinación S.A. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.A.”, establece el decreto de nacionalización."

(Do sítio de Ricardo Noblat)

Na sua última demonstração financeira a Petrobrás fala em diferentes situações de risco entre as quais:

Estamos sujeitos a riscos substanciais relacionados a nossas operações internacionais, em particular na América Latina e no Oriente Médio.

Operamos em vários países diferentes, especialmente na América Latina e no Oriente Médio que podem ser política, econômica e socialmente instáveis. Os resultados das nossas operações e a situação financeira de nossas subsidiárias em esses países podem ser afetados adversamente pelas flutuações da economia local, pela instabilidade política e pelas medidas governamentais relacionadas à economia, incluindo:

imposição de controles cambiais ou de preços;>

imposição de restrições nas exportações de hidrocarbonetos;

desvalorização da moeda local; ou

aumento das alíquotas de exportação para o petróleo bruto e os derivados de petróleo.

Caso um ou mais dos riscos descritos acima se materializarem, é possível que não consigamos obter os nossos objetivos estratégicos em esses países ou em nossas operações internacionais como um todo, que poderá ter um impacto negativo nosresultados das nossas operações e situação financeira.

Dos países nos quais operamos, as nossas operações na Argentina são as mais significativas e representam aproximadamente 5,6% de nossa produção total de petróleo bruto e gás natural e 3,3% das nossas reservas comprovadas de petróleo bruto e gás natural em 31 de dezembro de 2004. Como resultado da crise, o governo argentino tomou uma série de medidas regulamentares, inclusive a imposição de controles de preço em indústrias do setor de petróleo e gás natural. De outro lado, as nossas operações na Bolívia representaram aproximadamente 2,3% da nossa produção total em barris de óleo equivalente e 2,8% das nossas reservas comprovadas de petróleo bruto e gás natural em 31 de dezembro de 2004. As recentes turbulências políticas na Bolívia tiveram como alvo a participação de companhias estrangeiras na indústria de gás natural da Bolívia, o que ocasionou o aumento dos pagamentos de royalties e impostos em maio de 2005 e alguns grupos políticos clamam pela nacionalização do setor de energia. Em junho de 2005, os intensos protestos da oposição conduziram à renúncia do Presidente Carlos Mesa, após 19 meses no cargo. Em geral, a situação política, econômica e social da Bolívia, e, particularmente a política de energia do país, permanecem extremamente instáveis e imprevisíveis. As decisões políticas e a deterioração na situação da Argentina e da Bolívia poderão causar efeitos adversos nos nossos investimentos e no resultado das nossas operações financeiras.